A pesar de que el 58 % de las organizaciones latinoamericanas reconoce la salud mental como un pilar estratégico, apenas el 12 % logra gestionar de forma efectiva los riesgos psicosociales y solo el 9 % aplica mediciones específicas sobre agotamiento laboral. Esta discrepancia revela que muchas empresas aún privilegian discursos sobre bienestar sin traducirlo en acciones concretas que detecten desgaste emocional o prevengan efectos negativos en su fuerza laboral.

En Perú, el marco legal establece obligaciones claras para los empleadores, es así que la Ley de Salud Mental y su reglamento exigen identificar, evaluar y monitorear riesgos psicosociales en el trabajo mediante matrices de riesgo (IPERC), vigilancia médica, y registros obligatorios dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Estas disposiciones buscan garantizar entornos saludables, promover el bienestar y prevenir daños en la integridad mental del trabajador, integrando tanto medidas de promoción como de prevención.

El abismo entre reconocimiento y cumplimiento no solo es moral, sino también económico. Por ese motivo, los empleadores deben saber que el costo invisible del agotamiento – en ausentismo, rotación y baja productividad – puede superar con creces la inversión de implementar un sistema efectivo de medición y prevención.